El 15 de enero de 2007 Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de la República del Ecuador tras superar en segunda vuelta electoral al magnate bananero Álvaro Noboa. Correa, economista ecuatoriano que ejerció como Ministro de Economía durante el período presidencial de Alfredo Palacio (2005-2007), renunciando a su cargo tras 106 días de gestión, y cuyo trabajo, bien valorado por la población según las encuestas por cuestionar al Fondo Monetario Internacional y por impulsar proyectos que aumentaban el gasto social, supo recoger el desencanto social imperante en el país y catapultarlo en la votación de su proyecto político “La Revolución Ciudadana”. Tal proyecto, elaborado por él y por sus compañeros de partido Alianza País (AP), apostaba por un cambio radical en el sistema político y económico que habían llevado al Ecuador a una de sus mayores crisis económicas y políticas, al aumento masivo de la pobreza y a la dolarización del país, entre otros.
El Ecuador inmediato antes de Correa
La grave crisis económica que sufrió el país a finales de siglo, desatada por la implementación acelerada de reformas neoliberales (privatizaciones, flexibilizaciones laborales, etc) a lo que ha de añadirse la fuga de capitales y el pago de la deuda, cuyos responsables, además de los diversos gobiernos y grandes bancos, fueron aquellas organizaciones que orientaron a los mismos, como el FMI y el Banco Mundial, y a la que se sumaron otros efectos coyunturales como el fenómeno del niño, la crisis financiera internacional y la caída del precio del petróleo en 1998, llevó al desastre, en cuanto a condiciones de vida se refiere, a la mayoría de la población ecuatoriana. Según la UNICEF, el país experimentó el empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina, a saber: entre 1995 y el año 2000 el número de pobres pasó de 3.9 a 9.1 millones, y la pobreza extrema de 2.4 a 4.5 millones. Ello provocó una gran emigración de ecuatorianos a países como EEUU, España o Italia, obteniendo como resultado desestructuraciones familiares y pérdida de mano de obra calificada.
En términos económicos, el país, vendido al capital transnacional y a los bancos, y expuesto a las inclemencias exteriores, sufrió en 1999 el retroceso más fuerte de América Latina. El PIB cayó un 31% entre 1998 y 1999 y el PIB por habitante se redujo un 33% entre 1998 y el año 2000. La política económica en 1999 provocó una devaluación del 216%, una inflación del 52%, una caída del salario real del 23% y una salida de capitales privados de un 15% del PIB. Por otro lado, entre 1982 y el 2000, y por concepto de deuda, el país pagó 75.908,2 millones de dólares, pasando la misma, y en el mismo período, de 6.633 a 13.564,5 millones. Además, el fenómeno del niño, según la CEPAL, ocasionó pérdidas valoradas en 2.869 millones, y la caída del precio del crudo en 1998, siendo este uno de los pilares económicos del Ecuador, tuvo también su correspondiente impacto en la economía. La gota que colmó el vaso fue la dolarización del país el 9 de enero de 2000 por parte del gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), haciendo al Ecuador más vulnerable y menos independiente en el campo monetario y agravando a su vez su crisis. Pocos días después, tal presidente sería derrocado por indígenas y militares (los cuales, amparados en un vacío legal constituyente, fueron libres de retirar el apoyo al presidente), siendo el segundo, después de Abdalá Bucaram en 1997, obligado a ceder el poder por la fuerte oposición a sus políticas.
A finales de 2002 Lucio Gutiérrez, militar de clase media y colaborador del derrocamiento contra Mahuad, gana las elecciones bajo un discurso populista y en coalición con Pachakutik (brazo político de la Confederación Nacional de Indígenas – CONAIE), los cuales acabaron cogobernando junto al MPD (Movimiento Popular Democrático, organización política estalinista). En 2005 Lucio sería derrocado por fuertes movilizaciones de toda condición social por llevar a cabo políticas económicas continuistas, por propiciar el retorno desde el exilio a diversos expresidentes como Bucaram y por su represión a los indígenas y movimientos de izquierda, entre otros. Alfredo Palacio fue nombrado entonces presidente por el Congreso y ejerció como tal hasta que Correa asumió la presidencia en enero de 2007.
Cabe resaltar que el huracán económico y político de finales y principios de siglo no sólo provocó un espectacular aumento de la pobreza y una masiva inmigración a países del norte; fuertes movilizaciones indígenas irrumpieron en el escenario político derrocando a diversos presidentes y plantando cara al neoliberalismo; un gran descontento sobre la clase política y sus políticas económicas envolvió a la sociedad ecuatoriana, la cual acabó volcándose con Correa y su proyecto de cambios a finales de 2006.
Época de cambios
Tras llegar al poder, Correa y Alianza País impulsaron su “Revolución Ciudadana”, proyecto centrado en reformas políticas y económicas, sin base social, con escasez de cuadros y con un personalismo en la figura de Correa exacerbada.
Entre esas reformas se encuentra, y con el objetivo de luchar contra la inequidad, el aumento del gasto en vivienda, educación y salud (los cuales se encontraban entre los menores de América Latina), o el “Bono Desarrollo”, subsidio de 30 $ mensuales destinado al millón de personas más pobres del país. Políticas, en definitiva, populares, pero las cuales no han sido desarrolladas junto a las clases a las que van dirigidas. También ha habido una importante inversión en infraestructura vial por todo el Ecuador, siendo la conexión Manta-Manaos (corredor comercial entre el pacífico y el atlántico que pretende convertir la ciudad costera de Manta en la entrada y salida del comercio entre Asia y Sudamérica) su expresión más importante. Pero quizás la novedad más ilustrativa del cambio que ha vivido el Ecuador en estos tres años y medio ha sido la redacción de una nueva constitución. El 15 de abril de 2007, y después de sortear diversos obstáculos, como la negativa de un parlamento conservador que rechazaba la idea de una nueva Constitución, la población acudió a las urnas para aprobar o no la formación de una Asamblea Nacional Constituyente. El “Sí” triunfó, por lo que después de elegir a los 130 asambleistas, los cuales 80 acabaron siendo del partido del gobierno, se empezó a redactar la nueva Carta Magna. Entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de junio de 2008 la Constitución quedó lista para sentencia, la cual encontraría su aprobación por la población el 28 de septiembre del mismo año con el 63, 93% de los votos. Esta nueva Constitución, de 444 artículos, presentó toda una serie de novedades como los derechos de la naturaleza, elaborados para poder defenderla frente a los constantes ataques que sufre en el país (especialmente a nivel petrolero y de deforestación), el énfasis en la equidad de género y la soberanía alimentaria, o el fuerte papel del estado en la economía. El 26 de abril de 2009, y acorde con la nueva constitución, se disputaron nuevos comicios electorales que acabaron con el triunfo de Correa, y esta vez en primera vuelta, con el 51.9% de los votos.
Pero también ha habido cambios en AP, en la oposición a Correa, la estabilidad del país y en la política exterior ecuatoriana. En estos tres años y medio el partido ha ido expulsando a los cuadros situados más a la izquierda y perdiendo a sus referentes de partido más destacados como Alberto Acosta, quien fuere el presidente de la Asamblea Constituyente y mano derecha de Correa, por ex izquierdistas y tecnócratas que han derechizado el partido. Además, la oposición política más derechista, viva, pero sin fuerza como para rivalizar con Correa, se ha trasladado a los grandes medios, los cuales han acabado desprestigiados por la capacidad del presidente de argumentar contra sus mentiras y tergiversaciones (especialmente desde sus programas sabatinos). Sin embargo, ha existido estabilidad política y social en el país (sobre todo si se tiene en cuenta su pasado más cercano) y en el liderazgo de Correa, mientras que la inestabilidad de su gabinete ha sido la tónica de su mandato; muchos de sus miembros han ido entrando y saliendo después de trabajar durante períodos cortos. Por otro lado, con Correa ha habido un impulso e implicación en cuanto a iniciativas de integración latinoamericana se refiere: el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), que espera ser la moneda común del futuro; el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), plataforma comercial destinada a combatir contra la pobreza a nivel regional y a la cual se sumó Ecuador el 29 de Junio de 2009; o la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuya presidencia Pro Témpore es ejercida activamente por Rafael Correa desde el 10 de agosto de 2009.
Desarrollismo y extractivismo
Pero si bien antes y después de su triunfo Correa hablaba de construir el Socialismo del siglo XXI (discurso y proyecto que ya no menciona), su política económica para el país esta está lejos de ser anticapitalista. Es más, pese a que la derecha de siempre no es rival para Correa, este mismo ha fijado que el ecologismo e izquierdismo “infantiles” que puedan surgir en su proyecto económico son su mayor amenaza. Entre sus políticas que destacan por su impacto ambiental, desarrollismo y extractivismo están:
- La minería
La nueva ley minera es cuestionada por organizaciones sociales e indígenas, ya que, según argumentan, fomentará la explotación a gran escala y la contaminación de las cuencas hídricas, mientras que la gran beneficiaria, la cual tendrá acceso a territorios poblados por indígenas, será la gran empresa privada. Cabe mencionar que la Corte no decretó la inconstitucionalidad de la ley pese haber sido aprobada violando la Carta Magna; el requisito esencial para que el poder legislativo la pueda aprobar resta en la consulta a las nacionalidades indígenas afectadas.
- La conexión Manta-Manaos
Esta gran infraestructura vial pretende ser un corredor comercial entre Asia y Sudamérica, facilitando así el ingreso y salida de mercancías desde el pacífico hasta el atlántico sin tener que cruzar el canal de Panamá. Tal proyecto, fuertemente criticado por organizaciones ecologistas, prevé construir también dos aeropuertos en la amazonia (uno en Tena, provincia del Napo, y otro en Coca, provincia de Orellana) afectando a ecosistemas y pueblos indígenas.
- La explotación petrolera y el proyecto del Yasuní ITT
En la búsqueda de recursos financieros, las concesiones para la explotación del crudo en la amazonia han aumentado (tampoco hay que olvidar que el gobierno ha impulsado nuevos contratos que facilitan la expropiación de campos petroleros a las multinacionales y una mayor renta para el estado). Entre estas destaca la concesión a la corporación canadiense Ivanhoe Energy, la cual podrá extraer el petróleo de la Reserva de la Biosfera del Sumaco (provincia del Napo) sin que los pueblos indígenas hayan sido consultados por el gobierno (como marca la constitución), cuestión que ha provocando su reciente movilización. Por otro lado, existe una propuesta de la sociedad civil ecuatoriana, y que el mismo gobierno retomó, llamada “La Iniciativa Yasuní-ITT”, la cual c no explotar la mayor reserva del Ecuador, que justamente se encuentra en la región más biodiversa del mundo, a cambio de una contribución internacional de 3.500 millones de dólares (cuando según el presidente las reservas tienen un valor de 5.000 o 6.000 millones). No obstante, y pese a ser una iniciativa innovadora, Correa no ha acabado de impulsarla y se ha mostrado últimamente escéptico a su triunfo; en los últimos meses ha manifestado que si en julio de 2011 no se consigue tal cifra, el crudo será explotado.
- La ley de aguas
La CONAIE rompió el diálogo con el gobierno en febrero de 2010. A partir de entonces, y junto a la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y la FEINE (Federación de Indígenas Evangélicos), se movilizó contra la ley de aguas, la cual consideraba que dejaba la puerta abierta a la privatización. Las organizaciones indígenas mostraron su preocupación sobre la autoridad del agua, que sería única (cuando pueblos indígenas la han gestionado durante años para fines de autoconsumo), y sobre libertad de concesión de distribución. Las movilizaciones, que en algunos casos fueron reprimidas por la policía, llevaron al país al mayor conflicto social desde que Correa es presidente.
En definitiva, y aun cuando por otro lado Correa ha propiciado fuertemente la producción y el consumo interno, buscando así una mayor estabilidad económica para el país, las líneas generales de su política económica revelan su diseño entorno al mercado; sigue siendo primario-exportadora, insostenible y antidemocrática.
Correa y los movimientos indígenas
En 1986 se fundó la CONAIE, confederación nacional que aglutina a la mayoría de organizaciones indígenas del país, incluida la Ecuarunari, fundada en 1971 por los pueblos indígenas de las sierra (que son mayoría en el Ecuador). Esta organización y su enorme capacidad para movilizar a sus bases harían del movimiento indígena la vanguardia antineoliberal del país. Tras un fuerte levantamiento en 1990, el movimiento indígena participó activamente en el derrocamiento de Bucaram (1997) y Mahuad (2000), pero perdió fuerza cuando su brazo político fundado en 1995, Pachakutik, cogobernó con quien acabó por traicionarles y reprimirles: Lucio Gutiérrez. Esa pérdida de fuerza se traduciría a las elecciones de 2006 al obtener sólo un 2% de los sufragios (y pese a tener en su lista al dirigente histórico de la CONAIE Luis Macas), siendo Correa, y tras romper su alianza con Pachakutik antes de la elecciones, el que sería ampliamente votado por los indígenas y llevado al poder.
Durante el mandato de Correa la CONAIE y otras organizaciones indígenas desarrollaron una actitud crítica pero de apoyo al presidente, participando activamente en la redacción de la nueva constitución y dejando a un lado las movilizaciones. No obstante, tras la aprobación de la nueva ley minera, el impulso a las concesiones para explotar el crudo en la amazonia, la invasión de las competencias que gozaban los indígenas en materia de gestión del agua o educación bilingüe, y la poca voluntad del presidente de desarrollar políticas participativas y sostenibles, entre otros, el movimiento indígena acabó por distanciarse del gobierno a tres años de su triunfo. El 25 y 26 de febrero de 2010, la CONAIE, reunida en la ciudad de Ambato, dio “por terminado el Diálogo con el Gobierno Nacional por la falta de voluntad política, irrespeto a los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y no por no existir ningún resultado en el proceso”. A partir de entonces, y bajo el contexto de la discusión y aprobación de la nueva ley de aguas en la Asamblea Nacional, empezaron movilizaciones que fueron de menos a más (y a las cuales se sumó la FEINE y la FENOCIN, organización que también dio por terminado el diálogo con el gobierno), y que culminaron con una victoria política de envergadura; consiguieron posponer la aprobación e incluir una consulta a los pueblos indígenas para que la ley pueda salir adelante. Tras esa victoria, quedó patente que el movimiento indígena cobró impulso e incidencia política tras pasar por unos años de debilitamiento.
Las fuerzas represivas del estado y la soberanía nacional
El presupuesto de Defensa, recortado en los anteriores años, se incrementó considerablemente a partir del triunfo de Correa. En 2008 ascendió al 3.41% del PIB, mientras que para el 2010 se aprobó desembolsar una cantidad de 1.669 millones de dólares, 382 más que el año anterior; y es que además de invertir en armamento, los salarios de la policía y el ejército fueron gratamente subidos. Por otro lado, en agosto de 2009 la DEA legalizó su trabajo en Ecuador, cuya colaboración con la policía ecuatoriana se tradujo en una inversión por parte de EEUU de 50 millones de dólares entre 2008 y 2009. A esto hay que añadirle toda una serie de inversiones que el país extranjero ha realizado en los últimos tres años en el sector militar: 10 millones en total en capacidad operativa fluvial y de comunicaciones; formación y equipos prácticos para luchar contra el narcotráfico en la frontera y hacer frente a fuerzas irregulares como las FARC.Por otro lado, cabe mencionar que en septiembre de 2009 el ejército norteamericano abandonó la base militar de Manta (cedida a las fuerzas aéreas de ese país en 1999) tras no renovar el gobierno ecuatoriano el convenio que permitía su acceso. Tal acción soberana, que fue bien vista por la población, contrasta con las inversiones norteamericanas en materia de defensa y su colaboración antidroga, cuando tal ejército y agencia se despliega en Colombia bajo la supuesta lucha contra las FARC y el narcotráfico, cuyos resultados brillan más por su injerencia imperialista y violanciones a los derechos humanos que no por sus éxitos en las batallas que dicen librar.
La colaboración con EEUU pues, y a pesar de la no renovación del convenio de la base de Manta, indica que la soberanía nacional del Ecuador sigue estando subordinada (¿sin querer queriendo?) al Imperio (¿y a su Plan Colombia?). No es de extrañar que desde la embajada de Estados Unidos en Ecuador se señale que están viviendo sus mejores momentos en términos de cooperación.
Por otro lado, es posible que Correa busque tranquilizar a los militares con fuertes inversiones en su sector (los cuales continúan formándose bajo una ideología de extrema derecha en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en Estados Unidos, antes llamada Escuela de las Américas y situada en Panamá hasta 2001) y contra restar así sus posibles ansias de golpe tras su llegada a la presidencia. No obstante, el presidente sostiene que tal refuerzo policial y militar, especialmente en la frontera norte, se debe para hacer frente a los grupos irregulares que puedan ingresar al país, y para estar mejor preparados frente a un eventual ataque como el del 1 de marzo de 2008, día en que el ejército colombiano bombardeó suelo ecuatoriano bajo la escusa de perseguir en caliente a la guerrilla de las FARC.
Notas finales
Con Rafael Correa en el poder el Ecuador ha experimentado una época de cambios, pero no un cambio de época. A tres años y medio de su gestión, y pese al impulso de propuestas e implicación a nivel de integración latinoamericana, la sensación de continuidad de modelo está fuertemente arraigado en la población, y no es para menos; las reformas que ha vivido el país se han sucedido dentro del capitalismo y la democracia representativa; la política económica puede haberse alejado del viejo neoliberalismo, pero se ha inclinado hacia un desarrollismo y extractivismo subordinado a la gran empresa; se han llevado a cabo algunas políticas populares pero si la participación de las clases populares. Debido a ello (y a otras cuestiones que no han sido mencionadas en este escrito como la ley de registros, los diversos casos de corrupción que han salpicado al poder ejecutivo o el fraude electoral de la universidad central), los movimientos sociales e indígenas se han distanciado del gobierno, han cogido fuerza y le han exigido un giro a la izquierda.
La compleja situación por la que transcurre el Ecuador impide hacer claros pronósticos sobre su futuro. En 2013 hay elecciones generales; veremos entonces si la votación viene marcada por el deseo de virar fuertemente a la izquierda (hoy, al menos, no hay alternativa a Correa), por la continuidad del mal menor, o por un castigo a Correa y a Aliaza País que pueda hacer resurgir a la derecha de siempre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario