Ecuador: a un año del intento de Golpe de Estado

El 30 de septiembre de 2010 Ecuador amaneció inmerso en el conflicto político más importante desde que Rafael Correa es presidente. La versión resumida sobre los hechos que los grandes medios privados divulgaron con equanimidad es la que expongo: debido a la nueva ley de Servicio Público aprobada el día anterior, la cual recortaba prestaciones asistenciales a los cuerpos de seguridad del estado, policías de todo el país se sublevaron en protesta, no cumpliendo con su trabajo y tomando junto a la Fuerza Aérea los aeropuertos de Guayaquil y Quito.

El propio Correa asistió al regimiento nº1 de Quito, uno de los centros neurálgicos de la sublevación, para entablar un diálogo con los protestantes. Una vez salió del edificio, y debido a la marea de policías que intentaron agredirle, no pudo tomar su helicóptero y se refugió en un hospital militar circundante. Más tarde, los altos cargos de las fuerzas armadas mostraron públicamente su apoyo al presidente, organizaron su rescate y lo llevaron de vuelta a Carondelet.

Ahora bien, diversos factores y evidencias surgidas hasta el momento conducen a pensar que no fue un simple motín reivindicativo sino un intento de golpe de estado que fracasó desde sus inicios, sin un apoyo expreso y contundente de la mayoría de las fuerzas represivas del estado.

El papel de las fuerzas represivas del estado durante el 30-S

Si bien existía un descontento general entre policías y militares con el gobierno, pues este había unificado los servicios de inteligencia bajo un comando del gobierno o había designado civiles como ministros de defensa, también Correa se había acercado a ellos tomando ciertas medidas como: aumentos salariales (en el caso de la policía la media salarial en 2006 era de 355 dólares; hoy el promedio se sitúa en 792 dólares), inversión en armamento y equipos por valor de 1.669 millones de dólares sólo en 2010 (382 más que el año anterior), entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la marina o contratos exclusivos al cuerpo de ingenieros del ejército para el mejoramiento y reconstrucción de las vías del país.

Las fuerzas represivas pues, si bien no se sentían a gusto con Correa, si eran conscientes que ningún otro gobierno les había privilegiado tanto como este. Su indecisión y división fue evidente el 30-S.

La sublevación policial i de un sector de los militares, habiendo sido esta organizada o no premeditadamente para provocar un golpe de estado (algo a presumir después de la información expuesta más adelante), o tornándose esta en el intento del mismo tras la no prevista visita de Correa al regimiento, careció de una estrategia elaborada:

“Contra lo que indica el manual del buen golpista, los policías no llegaron, ni siquiera intentaron, tomar todos los centros neurálgicos del poder, ni se aseguraron el control territorial más allá del bloqueo desordenado del aeropuerto (no hubo retenes en los accesos a Quito ni bloqueos en las rutas que aislaran la ciudad); no detuvieron a otros líderes políticos (incluyendo al vicepresidente) y no aislaron a Correa (que se comunicaba vía telefónica con sus funcionarios y los medios). La sensación es que, una vez que lo secuestraron, no sabían bien qué hacer con él: evidentemente no se animaron a asesinarlo y, al encontrarse con la rotunda negativa del presidente a negociar bajo coacción, no supieron cómo reaccionar.”

José Natanson – El poder de los milirares (Artículo publicado en Rebelión el 11 de octubre de 2010)

Y la cúpula militar titubeó a la hora de pronunciarse. Tardó unas cuatro horas luego el presidente fuera secuestrado en el hospital, tiempo en el cual, como podría suponerse, fue invertido en la negociación directa con el gobierno. Los militares no sólo disponían de toda una serie de privilegios otorgados por Correa, también controla puertos y astilleros, siderurgias y empresas aéreas, hasta un banco. El poder de los militares en Ecuador es inmenso, y de ellos depende la “estabilidad” del país. Una vez en rueda de prensa reconocieron la autoridad presidencial y ratificaron su alineamiento con los poderes democráticos. Eso sí, también reclamaron, entre otras cosas, una mejora de los salarios.
Tras rescatar al presidente bajo un fuego cruzado y llevarlo a Carondelet, días después sus deseos fueron concedidos. Tal y como pasó en las anteriores crisis políticas del país (1997, 2000, 2005) fueron las fuerzas armadas las que “resolvieron” el conflicto.

Cumbre en Miami siete días antes

El 23 de septiembre tuvo lugar en el Banker’s Club, One Biscayne Tower, piso 14, Miami, un asamblea titulada “Socialismo del siglo XXI en Ecuador” patrocinada por la Interamerican Institute for Democracy (organización de la mafia cubanoamericana) y a la que acudieron personas tales como Lucio Gutierrez, Carlos Alberto Montaner, Gustavo Lemus o Mario Pazmiño.

Lucio Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales con su partido Sociedad Patriótica a finales de 2002 tras participar como militar en el derrocamiento de Mahuad (amparados en un vacío legal constituyente, los militares fueron libres de retirar el apoyo al presidente), el cual había llevado el país a su dolarización sustituyendo a Bucaram tras su derrocamiento en 1998. Luego también sería derrocado por fuertes movilizaciones de toda condición social al llevar a cabo políticas económicas continuistas, por propiciar el retorno desde el exilio a diversos expresidentes como Bucaram y por su represión contra los indígenas y movimientos de izquierda, entre otros.

Por otro lado, Alberto Montaner es agente de la CIA y prófugo de la justicia cubana; Gustavo Lemus es denunciado en Ecuador como toturador y sospechado de haber encubierto el asesinato de dos adolescentes cuando era jefe de los torturadores durante el gobierno de León Febres Cordero (1984 – 1988); y Mario Pazmiño es ex jefe de la inteligencia militar ecuatoriana, expulsado del ejército por su pertenencia a la CIA.

Según Rafael Correa, en una entrevista con Ignacio Ramonet publicada por Le Monde Diplomatique:

“Usted puede ver las declaraciones… Se reunieron con banqueros corruptos, fugados del país, a los que les incautamos las empresas, y que probablemente son los que financian todo esto”.

“Ahí hablaron claramente: ’para que se acabe el Socialismo del Siglo XXI hay que acabar con Rafael Correa’. Entonces, a la altura de este camino, no creemos en casualidades. Esas declaraciones fueron hechas una semana antes de que ocurriera el 30 de septiembre; y después, Lucio Gutiérrez viaja fuera del país… Ahí están los verdaderos mentalizadores”.

“Usted puede ver las declaraciones de un asambleísta de Gutiérrez, en la mañana de ese jueves [30 de septiembre], en las que afirmaba, era premonitorio, decía: ‘al Presidente van a lincharlo los policías’. Ahí está la grabación. El hermano de Gutiérrez [Gilmar], era el que dirigía la escolta legislativa en la Asamblea; se subordinaron a él, y se insubordinaron al Gobierno. Entonces claramente había vinculaciones. Y allí, claramente, entre bastidores, manejaron todo esto”.

Por su parte, y durante los acontecimientos en Ecuador aquél 30 de septiembre, Lemus irrumpió en el consulado de Ecuador en Miami junto a algunos de sus partidarios y extremistas cubanoamericanos.

Último apunte: La respuesta tanto de la derecha, por su lado, como de los movimientos sociales y del propio gobierno:

”La derecha se mostró dividida, desconcertada, escindida entre los aguijonazos de Sociedad Patriótica para forzarla a caminar detrás de sus iniciativas, por un lado, y, por otro lado, las dificultades para dotarse de una representación política orgánica que, al mismo tiempo, sea capaz de desarrollar capacidad hegemónica hacia el conjunto de la sociedad.”

”Los movimientos sociales mostraron la profundidad de su crisis política y lo que viene siendo su gran debilidad frente al proyecto modernizador de la “revolución ciudadana”: sometidos a constantes ataques desestructuradores por parte del gobierno, no logran enfrentarlo políticamente, es decir, mostrando a la sociedad el conflicto entre proyectos distintos. De modo que, a veces, algunas organizaciones han cedido a la tentación de aliarse con todos los opositores perdiendo de vista la necesidad de independencia de la propuesta popular. Otras organizaciones, en cambio, se han subsumido en el proyecto del gobierno y han perdido toda capacidad de adelantar una posición aunque sea mínimamente independiente.”

”Pero si las debilidades de las derechas y de los movimientos sociales eran hasta cierto punto visibles, lo novedoso fue la evidencia de las flaquezas del gobierno. El gobierno se mostró sin capacidad política de reacción y de iniciativas para enfrentar la crisis y quedaron en evidencia las debilidades del equipo gubernativo. Pero, sobre todo, se mostró que el respaldo de que goza el presidente es, sobre todo, un respaldo pasivo, no movilizable fácilmente. En estas circunstancias, se comprende que el gobierno haga esfuerzos por acercarse cada vez más a los grupos empresariales, reformule explícitamente su marco de alianzas, y procure reafirmar su legitimidad social con lo que ha sido su mejor arma desde un inicio: una nueva elección, es decir, la consulta popular. Y, con todo eso, afirmar el desplazamiento del proyecto político hacia su derecha.”

Mario Unda y Ellis Bethania – Los conflictos de la “revolución ciudadana” (Artículo publicado en Rebelión el 29 de marzo de 2011).

Ecuador: ¿Intento de golpe por parte de las fuerzas policiales? Una primera rápida valoración...

Cuenca, 30 de septiembre de 2010, 22.40 h

Este jueves 30 de septiembre una protesta policial paralizó el país y puso en jaque la vida del presidente Rafael Correa. A primera hora de la mañana los insubordinados policías tomaron diversas instalaciones y se retiraron de las calles, provocando que los comerciantes cerraran sus negocios por el miedo a saqueos. Las protestas, intensas en Quito y Guayaquil, culminaron con la agresión física al presidente, que se presentó frente a un regimiento de policías en huelga en Quito para dialogar con los sublevados. Tras serle impedido el abandono del lugar fue retenido en un hospital policial cercano y el estado de excepción fue decretado. Pasadas las nueve de la noche fue liberado por el ejército y llevado a Carondelet, donde dirigió un discurso a la muchedumbre que se había congregado.


La Ley de Servicio Público

El miércoles a la noche la Ley de Servicio Público fue aprobada. Esta elimina condecoraciones automáticas por ancianidad, bonos, y otras prestaciones a las que las tropas policiales tenían derecho. Pese a que las fuerzas policiales hayan recibido constantes ayudas por parte del gobierno de Correa, como subidas salariales y el mejoramiento de sus centros y equipos de trabajo, la mañana de este jueves se han alzado en protesta con contundencia.


Una movilización fuera de lo común

La policía, al igual que el ejército, y a diferencia de la mayoría de trabajadores, dispone de medios de transporte y armas. Un insubordinación y protesta como la de hoy incide en la vida política del país más que cualquier otra protesta obrera igual en número. Ejemplo de ello fue su capacidad de impedir al presidente su marcha del cuartel que visitó tras ser silbado y abucheado; Correa fue agredido con botellas y gases lacrimógenos y obligado a ingresar a un hospital custodiado por los mismos insubordinados. Los mismos reprimieron a diversos manifestantes que se acercaron al lugar.


El papel del ejército

Un pequeño sector de los militares apoyó a los policías; colaboraron con estos haciéndose con el control del aeropuerto de Quito y cerrándolo al tráfico aéreo. No obstante, la cúpula militar expresó su apoyo al orden constitucional y al presidente de la nación. Por la noche lideraron la liberación del presidente y la restitución del orden constitucional.

Y Lucio Guiérrez aprovecha la situación...

El ex-presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, derrocado en 2005 por movilizaciones de toda condición social, afirmó desde Brasilia: “Creo que el fin de la tiranía de Correa está cerca” y pidió la disolución del parlamento. Su ex-abogado, por otro lado, lideró un ataque contra la televisión pública del Ecuador, único señal que ocupó todas las demás radiofrecuencias tras decretarse en el estado de excepción. Su misión era cortar la señal televisiva del país.


¿Intento de golpe por parte de las fuerzas policiales?

En los últimos años las inversiones en el sector militar se han visto gratamente aumentas con Correa, inversiones que no gozó aun con gobiernos de extrema derecha. Las relaciones con Estados Unidos son fluidas; las cooperación militar y junto a la DEA, las inversiones conjuntas, el no cuestionamiento de la formación militar en Estados Unidos por parte de las fuerzas armadas, han provocado en todo este tiempo la fidelidad del ejército al presidente. A excepción del Yasuní ITT, la política económica del Ecuador sigue estando subordinada a la gran empresa privada. No existen grandes razones por las que pensar que un golpe de estado haya sido planificado por militares y la CIA; en última instancia ha sido el propio ejército quien ha rescatado al presidente.

Por otro lado, esta sublevación policial sí ha sido vista como una oportunidad para la derecha. Las actuaciones de Lucio Gutierrez estaban encaminadas a desestabilizar aun más la situación. Sin embargo, existen muchas preguntas sin respuesta. La policía, pese haber visto incrementados sus salarios y mejoradas sus condiciones de trabajo, ¿gozaba de alguna dirección que pudo manipular a la mayoría para llegar tan lejos? ¿Pudieron surgir intenciones golpistas durante el día más allá de la protesta? (recordemos que el presidente fue secuestrado tras presentarse en un regimiento.) O en última instancia, ¿fue la misma protesta planificada bajo la intentona de un golpe policial?

Balances y perspectivas de la iniciativa del “Yasuní ITT”

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El 7 de junio de 2007 el presidente de la república del Ecuador, Rafael Correa, que justo había asumido la presidencia del país cinco meses antes, presentó oficialmente la iniciativa del “Yasuní ITT”, un proyecto cuya piedra angular gira en torno a la no explotación de tres campos petroleros del país, que justamente se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní, en la amazonía, a cambio de una contribución mínima por parte de la comunidad internacional del 50% de los beneficios que obtendría el estado ecuatoriano en caso de explotar el crudo. El pasado martes 3 de agosto el gobierno y el PNUD firmaron el fideicomiso con el fin de recoger los aportes internacionales. El éxito de la iniciativa preservaría la región más biodiversa del mundo, evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y el territorio de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario sería respetado. El Yasuní ITT va en contra de los intereses del capital transnacional; su carácter ecologista y respeto a las comunidades indígenas supone un hito en cuanto a la preservación de la naturaleza y al respeto a los indígenas y su ancestral territorio se refiere, más aun cuando bajo estos se hayan grandes reservas de oro negro.

El Parque Nacional Yasuní y el pueblo Huaorani

El PNY es un parque nacional ecuatoriano creado el 26 de julio de 1979 para preservar la riqueza natural del oriente del país y especies en peligro de extinción. Abarca una superficie de 9.820 kilómetros cuadrados, siendo así el mayor parque de toda la amazonía occidental. Diez años después de su creación fue designado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, y otra década después parte del parque fue declarado como “Zona Intangible”, designación que prohíbe toda actividad extractiva en la zona. Entre las provincias de Orellana y Pastaza, abarca también parte del ancestral territorio del pueblo Huaorani, cuyos grupos Tagaeri y Taromenane, que residen en el interior el parque, permanecen en aislamiento voluntario. Hace pocos meses el PNY fue catalogado por científicos como el lugar con mayor biodiversidad del planeta, a saber: una hectárea cuenta con más especies de animales que toda Europa, se estima que unas cien mil especies de insectos y más variedad de árboles que Estados Unidos y Canadá combinados. Además, el parque protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica, región que abarca más de seis millones y medio de kilómetros cuadrados (frente a los casi diez mil del PNY). Tal es la potencialidad biológica del lugar que el científico Matt Finer de Save America’s Forests declaró: “Se predice que Yasuní mantendrá sus condiciones de bosques húmedos, a pesar que el clima cambie y se intensifique la sequía en el este del Amazonas en Brasil.” Su excepcionalidad tiene un por qué; el lugar fue una de las “islas” refugio de especies de flora y fauna durante el Pleistoceno, época geológica cargada de cambios climáticos y glaciaciones que comenzó hace 2,59 millones de años y que finalizó hace 12.000.
Por otro lado, en el bloque petrolero 22, más conocido como ITT por la denominación de sus campos (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), situado al extremo oriental norte del parque, más allá de la zona intangible, fueron descubiertas a principios de los noventa importantes reservas de petróleo pesado. Desde entonces, el interés por explotar el lugar ha invadido a las transnacionales petroleras, las cuales, y a partir de los setenta, gozan de diversas concesiones para explotar el crudo situado en la amazonía ecuatoriana.

Los Huaorani, por su parte, son un pueblo indígena cazador/recolector cuyo territorio ancestral abarca una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. La mitad del mismo se encuentra hoy entre las “fronteras” del PNY, pero bien con el tiempo muchos grupos se han alejado de su ancestral modo de producción y consumo.
En 1958, y con el objetivo de preparar la entrada a las petroleras, misioneros evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano contactaron con el pueblo Huaorari. Actualmente, muchos grupos indígenas han pasado a depender de las petroleras, han perdido parte de sus costumbres y han contraído enfermedades como la Hepatitis B y C. Otros, como los Tetetes y los Sansaguari, desaparecieron durante la actividad petrolera de la compañía Texaco. La presión de petroleros, madereros, colonos, y del propio estado, redujo la zona de movimiento de los también llamados “Huaos”. Sólo tres clanes, los Tagaeri, Taromenane y Oñamename, decidieron mantener su forma de vida y evitar todo contacto con el exterior. Los dos primeros están hoy seriamente amenazados, pues habitan la zona del ITT.

El carácter expansionista del capitalismo arrasa con la amazonía y sus pueblos originarios

A partir de los setenta la extracción del crudo pasó a ser uno de los pilares económicos del Ecuador. La incursión de las petroleras en la amazonía conllevó la explotación y contaminación del lugar, arrastrándose también tras de sí, y gracias a la construcción de carreteras: deforestación, plantaciones monocultivas extensivas y nuevos asentamientos de colonos. La mayoría de los Huaos se adaptaron a las necesidades del afán de beneficio de las grandes corporaciones; trabajando para ellas; dependiendo de ellas. Los impactos ambientales y sociales son muchos:

- Actividad petrolera
Las distintas fases de la actividad petrolera han provocado diversos impactos ambientes: deforestación, erosión del suelo, contaminación de aguas y suelo debido a vertidos de crudo, desechos químicos y domésticos, contaminación del aire por la quema de gas, pérdida de biodiversidad.

- Deforestación, monocultivos extensivos y cacería
La construcción de carreteras que permiten el desarrollo petrolero trajo consigo la colonización de lugares antes inaccesibles. Empresas madereras y redes de contrabando regional usan tanto las vías como los diversos ríos para transportar la madera. Enormes monocultivos de cacao o palma africana se extienden a ambos lados de las carreteras. La cacería de subsistencia se ha convertido en una actividad extensiva y comercial.

- Estragos sociales
En 1999 se reportó que el 80% de los Huaos estaban contagiados por la Hepatitis B y C. La contaminación del territorio ha trastocado y minado las economías sostenibles de las diversas comunidades. Además de los engaños que muchas han sufrido, otras han sido reprimidas por su negativa a entregar sus tierras a la explotación petrolera. Conflictos por el pago de indemnizaciones, amenazas, sobornos e irrespeto a sus culturas, han sido la tónica que han desempeñado las petroleras. Otros impactos sociales de la actividad petrolera han sido y son: prostitución, alcoholismo, descomposición familiar, aumento de la violencia, inseguridad.

Además, la extracción de petróleo ha sido fuente de corrupción y no ha significado el desarrollo del país. El Ecuador fue, y sigue siendo, un país producto, es decir, un país subordinado a las necesidades de las grandes empresas en su afán por obtener materias primas. Y es que la incursión de todo tipo de petroleras y otras transnacionales sólo responde a las necesidades de su propio negocio; facilitar materias primas a gigantescos sectores industriales capitalistas, como el del automóvil, que producen productos a vender, sean útiles o no, sean contaminantes o no (aunque cabe resaltar que en general es que sí, ya que ello abarata costes de producción), sin tener en cuenta el medio ambiente y los asuntos humanos. La explotación de la amazonía y el irrespeto a sus pueblo originarios son un gran ejemplo del funcionamiento de la globalización capitalista y del colonialismo de las multinacionales.

Una propuesta anticapitalista: el Yasuní-ITT

Alberto Acosta, ministro de energía y minas en 2007, planteó en marzo del mismo año una propuesta revolucionaria en relación al ITT. Tal iniciativa, elaborada por él y por otras personas de dentro y fuera de las filas de Alianza País, consistía en la no explotación del crudo pesado de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini situados en el PNY, preservando así la biodiversidad del lugar, evitando la emisión de 407 toneladas de CO2 y respetando a los pueblos indígenas y a sus formas de vida. A cambio, la comunidad internacional debería abonar a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la mitad de los beneficios que obtendría el estado por explotar esos campos. El estado emitiría bonos por el inamovible petróleo y el recibimiento de los 3.500 millones de dólares se haría de forma escalonada. Los fondos serían destinados, entre otros, a la protección de los 41 parques nacionales del país, a la reforestación de 10.000 kilómetros cuadrados, a la generación de energías no contaminantes y a la soberanía alimentaria. El presidente Correa, tras analizar las diversas alternativas, apoyó esta, presentándola pocos meses después al país y al mundo.
Tal novedosa iniciativa ecologista, anticapitalista, choca con los intereses del capital transnacional y propone al mundo una financiación alternativa para el Ecuador. Los países ricos, causantes de la mayoría de emisiones, y por ende, del calentamiento global, pagarían por la conservación de la naturaleza y por la no explotación del petróleo. Los fondos, además, irían dirigidos a preservar el medio natural, producir energía a limpia e impulsar la soberanía alimentaria.

A los tres años de presentar la propuesta diversos han sido los avances que han obtenido las diversas Comisiones Técnicas para obtener los 3.500 millones de dólares. No obstante, los ataques que ha sufrido la iniciativa también han sido varios.

La política económica extractivista y primario-exportadora del gobierno ecuatoriano acecha el éxito del proyecto

El pasado enero la tercera Comisión Técnica Negociadora y el Ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dimitieron en bloque. La causa: Correa suspendió una firma en la cumbre climática de Copenhague de 1.700 millones de dólares y agregó en público: “Yo di la orden de que no se firme ese fideicomiso en esas condiciones vergonzosas (…) Quédense con su plata y en julio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía.” Sobre la explotación, Correa se refiere al llamado “Plan B”, opción que busca explotar el crudo a partir de julio de 2011 en caso de no obtener la compensación económica buscada. Fue entonces, a principios de año, que ese segundo plan fue mencionado en diversas ocasiones, causando malestar en la población ecuatoriana y diversos parlamentos, como el alemán, gran interesado en contribuir económicamente y afianzar el éxito del proyecto. Tales reacciones, en parte, provocaron el nombramiento de la cuarta Comisión y un nuevo impulso a la iniciativa.
Por otro lado, cabe resaltar que el proyecto Yasuní-ITT no es una simple muestra de la política económica del gobierno; todo lo contrario, es la única iniciativa anticapitalista. El rumbo económico del país sigue siendo primario-exportador, está subordinado a la gran empresa privada, no pretende crear una alternativa al sistema. La ley minera, de aguas, la conexión Manta-Manaos y las nuevas licencias para explotar el petróleo de la amazonía así lo atestiguan. En abril, la Ministra de Ambiente, Marcela Aguinaga, dijo que se estaba tramitando una nueva licencia para explotar el yacimiento Armadillo, situado a las puertas del PNY. El impacto que sufriría el parque debido a esa actividad petrolera es indiscutible. También, y poco más tarde, Esperanza Martínez, directora del proyecto Amazonía por la Vida y miembro de Acción Ecológica, denunció el avance de la construcción de un oleoducto cuyo objetivo es conectar los campos actuales con los ITT.
Correa desaprovechó también dos claras ocasiones para presentar la iniciativa al mundo y concretar su éxito. En diciembre no viajó a Copenhague, lugar y momento preciso para publicitar la no extracción del crudo del ITT bajo compensación económica, perdiéndose así una oportunidad única para avanzar sobre el fideicomiso, explicar el proyecto, y aportar luz a una cumbre oscura. Sí fue a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático celebrada en Cochabamba en abril de 2010, pero hizo hincapié en el plan B, argumentando que la explotación no acarrearía un gran impacto ambiental. Más, la violación de la constitución por parte del gobierno ha sido reiterada. La ley minera, por ejemplo, fue aprobada sin la consulta previa necesaria a las comunidades indígenas afectadas. Una cómplice Corte avaló la decisión del poder ejecutivo y legislativo, desobedeciendo lo que dicta la constitución. Sobre el Yasuní, el pueblo Huarorani y sus clanes no contactados, la constitución reconoce:

- Artículo 407.
Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la presidencia de la república y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

- Artículo 57. El punto 4 estable como derecho colectivo:
Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

Aun si el Yasuní ITT es exitoso, no supone que la explotación de Armadillo, por ejemplo, afectando al parque, esté justificada. El irrespeto a la constitución ha sido reiterado. Las contradicciones del gobierno, tanto en su política económica, como en el impulso tortuoso de tal iniciativa revolucionaria, y aun habiendo conseguido el fideicomiso, suponen un riesgo para el éxito del “Plan A”. (Un riesgo no sólo de carácter ecológico, sino también político.)

La importancia de la iniciativa

La depredación del territorio y la contaminación del mismo que han ejecutado los órdenes socio-económicos no democráticos, el capitalismo y el mal llamado “socialismo”o “comunismo” que imperó en URSS, por ejemplo, han llevado a la mayor extinción de especies desde la desaparición de los dinosaurios. Sus motores: la combustión ininterrumpida de combustibles fósiles durante dos siglos, que ha provocado un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, han alterando el clima. La crisis ecológica global es efecto de la crisis democrática global; sólo un control democrático de la economía puede reorientar la misma hacia escenarios más sostenibles. Bajo este contexto, el Yasuní ITT se presenta como una alternativa para la obtención de recursos económicos no contaminante, preservando la naturaleza y pueblos originarios. Sin embargo, este es un solitario proyecto que necesita del apoyo de una política económica acorde con su filosofía. Y de democracia:

- Amenazas ecológicas al PNY a corto y largo plazo.
El ITT puede no llegar a explotarse, pero la intervención extractiva, la deforestación, los monocultivos extensivos, suponen una amenaza real para la preservación del parque. Preservarlo, entonces, significa cambiar el paradigma de la protección a los espacios naturales. Es decir, estos no pueden ser meros reductos de un territorio devastado; la crisis ecológica nacional y global acabarían por afectar el Yasuní; y estas necesitan de acciones a nivel internacional para no agravarse. La solución pasa por anteponer el medioambiente y los asuntos humanos al capital, por crear un orden nuevo donde la naturaleza pueda defenderse con eficacia. En pocas palabras, de democratizar el motor de la sociedad: la economía.

- El triunfo del Yasuní-ITT depende de su expansión.
No sólo por cuestiones ecológicas, sino sobretodo políticas. El triunfo político puede ser más crucial para el futuro que el triunfo ecológico en sí del ITT. La iniciativa ecuatoriana supone un desvío en la “autopista capitalista”; y esta necesita de fuertes cimientos para consolidarse, de una alternativa económica democrática que pueda ser consecuente con la protección de la naturaleza, y por consiguiente, del PNY. Sólo así podrá ser exitosa, sólo así podrá servir de ejemplo e inspirar a otros a buscar nuevos desvíos que conecten con el ecuatoriano, enlazando vías para conformar una “autopista anticapitalista”.

- La alternativa a la globalización capitalista será internacional, o no será nada.
El triunfo ecológico y político del Yasuní-ITT, el nacimiento de una alternativa, parcial en muchos aspectos, y que no da respuestas aun a muchas preguntas y contextos diferentes, pero en sí, una apuesta eficaz para preservar el medio, significaría un hecho histórico sin precedentes. Pero bien la amenaza del gran capital y sus instituciones a su servicio buscarían la manera de hacer fracasar el (aun necesario) giro del Ecuador. Por cuestiones ecológicas y políticas, el Yasuní ITT necesita internacionalizarse.

Notas finales

El proyecto “Yasuní ITT” impulsado por Correa y Alianza País es una respuesta reflejo a los conflictos y devastación que ha producido la explotación del crudo en la amazonía. El gobierno ecuatoriano, no obstante, y su política económica capitalista, son un gran obstáculo que afronta la iniciativa. Su fracaso provocaría malestar en la sociedad ecuatoriana y en muchos parlamentos interesados y dispuestos a colaborar. Es más, el Yasuní-ITT es una propuesta de financiación alternativa, ecologista, respetuosa también con los seres humanos y sus formas de vida. Su éxito puede servir de ejemplo a otros países; el proyecto puede propagarse. Pero eso depende, en primer lugar, de la voluntad del gobierno. Cochabamba y Copenhague constituyen un ejemplo del débil y poco liderazgo de Correa en esta iniciativa. La contradicción que supone un proyecto anticapitalista en el marco de una política económica extractivista, no democrática, y subordinada a los deseos del capital transnacional, es una amenaza. El inicio del triunfo político y ecológico del Yasuní-ITT sólo será indiscutible bajo la aplicación de una política económica nacional diferente. El Yasuní ITT está obligado a ser un prólogo, no una calle sin salida.

A tres años y medio del triunfo de Rafael Correa en Ecuador

El 15 de enero de 2007 Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de la República del Ecuador tras superar en segunda vuelta electoral al magnate bananero Álvaro Noboa. Correa, economista ecuatoriano que ejerció como Ministro de Economía durante el período presidencial de Alfredo Palacio (2005-2007), renunciando a su cargo tras 106 días de gestión, y cuyo trabajo, bien valorado por la población según las encuestas por cuestionar al Fondo Monetario Internacional y por impulsar proyectos que aumentaban el gasto social, supo recoger el desencanto social imperante en el país y catapultarlo en la votación de su proyecto político “La Revolución Ciudadana”. Tal proyecto, elaborado por él y por sus compañeros de partido Alianza País (AP), apostaba por un cambio radical en el sistema político y económico que habían llevado al Ecuador a una de sus mayores crisis económicas y políticas, al aumento masivo de la pobreza y a la dolarización del país, entre otros.


El Ecuador inmediato antes de Correa

La grave crisis económica que sufrió el país a finales de siglo, desatada por la implementación acelerada de reformas neoliberales (privatizaciones, flexibilizaciones laborales, etc) a lo que ha de añadirse la fuga de capitales y el pago de la deuda, cuyos responsables, además de los diversos gobiernos y grandes bancos, fueron aquellas organizaciones que orientaron a los mismos, como el FMI y el Banco Mundial, y a la que se sumaron otros efectos coyunturales como el fenómeno del niño, la crisis financiera internacional y la caída del precio del petróleo en 1998, llevó al desastre, en cuanto a condiciones de vida se refiere, a la mayoría de la población ecuatoriana. Según la UNICEF, el país experimentó el empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina, a saber: entre 1995 y el año 2000 el número de pobres pasó de 3.9 a 9.1 millones, y la pobreza extrema de 2.4 a 4.5 millones. Ello provocó una gran emigración de ecuatorianos a países como EEUU, España o Italia, obteniendo como resultado desestructuraciones familiares y pérdida de mano de obra calificada.
En términos económicos, el país, vendido al capital transnacional y a los bancos, y expuesto a las inclemencias exteriores, sufrió en 1999 el retroceso más fuerte de América Latina. El PIB cayó un 31% entre 1998 y 1999 y el PIB por habitante se redujo un 33% entre 1998 y el año 2000. La política económica en 1999 provocó una devaluación del 216%, una inflación del 52%, una caída del salario real del 23% y una salida de capitales privados de un 15% del PIB. Por otro lado, entre 1982 y el 2000, y por concepto de deuda, el país pagó 75.908,2 millones de dólares, pasando la misma, y en el mismo período, de 6.633 a 13.564,5 millones. Además, el fenómeno del niño, según la CEPAL, ocasionó pérdidas valoradas en 2.869 millones, y la caída del precio del crudo en 1998, siendo este uno de los pilares económicos del Ecuador, tuvo también su correspondiente impacto en la economía. La gota que colmó el vaso fue la dolarización del país el 9 de enero de 2000 por parte del gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), haciendo al Ecuador más vulnerable y menos independiente en el campo monetario y agravando a su vez su crisis. Pocos días después, tal presidente sería derrocado por indígenas y militares (los cuales, amparados en un vacío legal constituyente, fueron libres de retirar el apoyo al presidente), siendo el segundo, después de Abdalá Bucaram en 1997, obligado a ceder el poder por la fuerte oposición a sus políticas.
A finales de 2002 Lucio Gutiérrez, militar de clase media y colaborador del derrocamiento contra Mahuad, gana las elecciones bajo un discurso populista y en coalición con Pachakutik (brazo político de la Confederación Nacional de Indígenas – CONAIE), los cuales acabaron cogobernando junto al MPD (Movimiento Popular Democrático, organización política estalinista). En 2005 Lucio sería derrocado por fuertes movilizaciones de toda condición social por llevar a cabo políticas económicas continuistas, por propiciar el retorno desde el exilio a diversos expresidentes como Bucaram y por su represión a los indígenas y movimientos de izquierda, entre otros. Alfredo Palacio fue nombrado entonces presidente por el Congreso y ejerció como tal hasta que Correa asumió la presidencia en enero de 2007.

Cabe resaltar que el huracán económico y político de finales y principios de siglo no sólo provocó un espectacular aumento de la pobreza y una masiva inmigración a países del norte; fuertes movilizaciones indígenas irrumpieron en el escenario político derrocando a diversos presidentes y plantando cara al neoliberalismo; un gran descontento sobre la clase política y sus políticas económicas envolvió a la sociedad ecuatoriana, la cual acabó volcándose con Correa y su proyecto de cambios a finales de 2006.


Época de cambios

Tras llegar al poder, Correa y Alianza País impulsaron su “Revolución Ciudadana”, proyecto centrado en reformas políticas y económicas, sin base social, con escasez de cuadros y con un personalismo en la figura de Correa exacerbada.
Entre esas reformas se encuentra, y con el objetivo de luchar contra la inequidad, el aumento del gasto en vivienda, educación y salud (los cuales se encontraban entre los menores de América Latina), o el “Bono Desarrollo”, subsidio de 30 $ mensuales destinado al millón de personas más pobres del país. Políticas, en definitiva, populares, pero las cuales no han sido desarrolladas junto a las clases a las que van dirigidas. También ha habido una importante inversión en infraestructura vial por todo el Ecuador, siendo la conexión Manta-Manaos (corredor comercial entre el pacífico y el atlántico que pretende convertir la ciudad costera de Manta en la entrada y salida del comercio entre Asia y Sudamérica) su expresión más importante. Pero quizás la novedad más ilustrativa del cambio que ha vivido el Ecuador en estos tres años y medio ha sido la redacción de una nueva constitución. El 15 de abril de 2007, y después de sortear diversos obstáculos, como la negativa de un parlamento conservador que rechazaba la idea de una nueva Constitución, la población acudió a las urnas para aprobar o no la formación de una Asamblea Nacional Constituyente. El “Sí” triunfó, por lo que después de elegir a los 130 asambleistas, los cuales 80 acabaron siendo del partido del gobierno, se empezó a redactar la nueva Carta Magna. Entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de junio de 2008 la Constitución quedó lista para sentencia, la cual encontraría su aprobación por la población el 28 de septiembre del mismo año con el 63, 93% de los votos. Esta nueva Constitución, de 444 artículos, presentó toda una serie de novedades como los derechos de la naturaleza, elaborados para poder defenderla frente a los constantes ataques que sufre en el país (especialmente a nivel petrolero y de deforestación), el énfasis en la equidad de género y la soberanía alimentaria, o el fuerte papel del estado en la economía. El 26 de abril de 2009, y acorde con la nueva constitución, se disputaron nuevos comicios electorales que acabaron con el triunfo de Correa, y esta vez en primera vuelta, con el 51.9% de los votos.

Pero también ha habido cambios en AP, en la oposición a Correa, la estabilidad del país y en la política exterior ecuatoriana. En estos tres años y medio el partido ha ido expulsando a los cuadros situados más a la izquierda y perdiendo a sus referentes de partido más destacados como Alberto Acosta, quien fuere el presidente de la Asamblea Constituyente y mano derecha de Correa, por ex izquierdistas y tecnócratas que han derechizado el partido. Además, la oposición política más derechista, viva, pero sin fuerza como para rivalizar con Correa, se ha trasladado a los grandes medios, los cuales han acabado desprestigiados por la capacidad del presidente de argumentar contra sus mentiras y tergiversaciones (especialmente desde sus programas sabatinos). Sin embargo, ha existido estabilidad política y social en el país (sobre todo si se tiene en cuenta su pasado más cercano) y en el liderazgo de Correa, mientras que la inestabilidad de su gabinete ha sido la tónica de su mandato; muchos de sus miembros han ido entrando y saliendo después de trabajar durante períodos cortos. Por otro lado, con Correa ha habido un impulso e implicación en cuanto a iniciativas de integración latinoamericana se refiere: el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), que espera ser la moneda común del futuro; el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), plataforma comercial destinada a combatir contra la pobreza a nivel regional y a la cual se sumó Ecuador el 29 de Junio de 2009; o la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuya presidencia Pro Témpore es ejercida activamente por Rafael Correa desde el 10 de agosto de 2009.


Desarrollismo y extractivismo

Pero si bien antes y después de su triunfo Correa hablaba de construir el Socialismo del siglo XXI (discurso y proyecto que ya no menciona), su política económica para el país esta está lejos de ser anticapitalista. Es más, pese a que la derecha de siempre no es rival para Correa, este mismo ha fijado que el ecologismo e izquierdismo “infantiles” que puedan surgir en su proyecto económico son su mayor amenaza. Entre sus políticas que destacan por su impacto ambiental, desarrollismo y extractivismo están:

- La minería
La nueva ley minera es cuestionada por organizaciones sociales e indígenas, ya que, según argumentan, fomentará la explotación a gran escala y la contaminación de las cuencas hídricas, mientras que la gran beneficiaria, la cual tendrá acceso a territorios poblados por indígenas, será la gran empresa privada. Cabe mencionar que la Corte no decretó la inconstitucionalidad de la ley pese haber sido aprobada violando la Carta Magna; el requisito esencial para que el poder legislativo la pueda aprobar resta en la consulta a las nacionalidades indígenas afectadas.

- La conexión Manta-Manaos
Esta gran infraestructura vial pretende ser un corredor comercial entre Asia y Sudamérica, facilitando así el ingreso y salida de mercancías desde el pacífico hasta el atlántico sin tener que cruzar el canal de Panamá. Tal proyecto, fuertemente criticado por organizaciones ecologistas, prevé construir también dos aeropuertos en la amazonia (uno en Tena, provincia del Napo, y otro en Coca, provincia de Orellana) afectando a ecosistemas y pueblos indígenas.

- La explotación petrolera y el proyecto del Yasuní ITT
En la búsqueda de recursos financieros, las concesiones para la explotación del crudo en la amazonia han aumentado (tampoco hay que olvidar que el gobierno ha impulsado nuevos contratos que facilitan la expropiación de campos petroleros a las multinacionales y una mayor renta para el estado). Entre estas destaca la concesión a la corporación canadiense Ivanhoe Energy, la cual podrá extraer el petróleo de la Reserva de la Biosfera del Sumaco (provincia del Napo) sin que los pueblos indígenas hayan sido consultados por el gobierno (como marca la constitución), cuestión que ha provocando su reciente movilización. Por otro lado, existe una propuesta de la sociedad civil ecuatoriana, y que el mismo gobierno retomó, llamada “La Iniciativa Yasuní-ITT”, la cual c no explotar la mayor reserva del Ecuador, que justamente se encuentra en la región más biodiversa del mundo, a cambio de una contribución internacional de 3.500 millones de dólares (cuando según el presidente las reservas tienen un valor de 5.000 o 6.000 millones). No obstante, y pese a ser una iniciativa innovadora, Correa no ha acabado de impulsarla y se ha mostrado últimamente escéptico a su triunfo; en los últimos meses ha manifestado que si en julio de 2011 no se consigue tal cifra, el crudo será explotado.

- La ley de aguas
La CONAIE rompió el diálogo con el gobierno en febrero de 2010. A partir de entonces, y junto a la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y la FEINE (Federación de Indígenas Evangélicos), se movilizó contra la ley de aguas, la cual consideraba que dejaba la puerta abierta a la privatización. Las organizaciones indígenas mostraron su preocupación sobre la autoridad del agua, que sería única (cuando pueblos indígenas la han gestionado durante años para fines de autoconsumo), y sobre libertad de concesión de distribución. Las movilizaciones, que en algunos casos fueron reprimidas por la policía, llevaron al país al mayor conflicto social desde que Correa es presidente.

En definitiva, y aun cuando por otro lado Correa ha propiciado fuertemente la producción y el consumo interno, buscando así una mayor estabilidad económica para el país, las líneas generales de su política económica revelan su diseño entorno al mercado; sigue siendo primario-exportadora, insostenible y antidemocrática.


Correa y los movimientos indígenas

En 1986 se fundó la CONAIE, confederación nacional que aglutina a la mayoría de organizaciones indígenas del país, incluida la Ecuarunari, fundada en 1971 por los pueblos indígenas de las sierra (que son mayoría en el Ecuador). Esta organización y su enorme capacidad para movilizar a sus bases harían del movimiento indígena la vanguardia antineoliberal del país. Tras un fuerte levantamiento en 1990, el movimiento indígena participó activamente en el derrocamiento de Bucaram (1997) y Mahuad (2000), pero perdió fuerza cuando su brazo político fundado en 1995, Pachakutik, cogobernó con quien acabó por traicionarles y reprimirles: Lucio Gutiérrez. Esa pérdida de fuerza se traduciría a las elecciones de 2006 al obtener sólo un 2% de los sufragios (y pese a tener en su lista al dirigente histórico de la CONAIE Luis Macas), siendo Correa, y tras romper su alianza con Pachakutik antes de la elecciones, el que sería ampliamente votado por los indígenas y llevado al poder.
Durante el mandato de Correa la CONAIE y otras organizaciones indígenas desarrollaron una actitud crítica pero de apoyo al presidente, participando activamente en la redacción de la nueva constitución y dejando a un lado las movilizaciones. No obstante, tras la aprobación de la nueva ley minera, el impulso a las concesiones para explotar el crudo en la amazonia, la invasión de las competencias que gozaban los indígenas en materia de gestión del agua o educación bilingüe, y la poca voluntad del presidente de desarrollar políticas participativas y sostenibles, entre otros, el movimiento indígena acabó por distanciarse del gobierno a tres años de su triunfo. El 25 y 26 de febrero de 2010, la CONAIE, reunida en la ciudad de Ambato, dio “por terminado el Diálogo con el Gobierno Nacional por la falta de voluntad política, irrespeto a los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y no por no existir ningún resultado en el proceso”. A partir de entonces, y bajo el contexto de la discusión y aprobación de la nueva ley de aguas en la Asamblea Nacional, empezaron movilizaciones que fueron de menos a más (y a las cuales se sumó la FEINE y la FENOCIN, organización que también dio por terminado el diálogo con el gobierno), y que culminaron con una victoria política de envergadura; consiguieron posponer la aprobación e incluir una consulta a los pueblos indígenas para que la ley pueda salir adelante. Tras esa victoria, quedó patente que el movimiento indígena cobró impulso e incidencia política tras pasar por unos años de debilitamiento.


Las fuerzas represivas del estado y la soberanía nacional

El presupuesto de Defensa, recortado en los anteriores años, se incrementó considerablemente a partir del triunfo de Correa. En 2008 ascendió al 3.41% del PIB, mientras que para el 2010 se aprobó desembolsar una cantidad de 1.669 millones de dólares, 382 más que el año anterior; y es que además de invertir en armamento, los salarios de la policía y el ejército fueron gratamente subidos. Por otro lado, en agosto de 2009 la DEA legalizó su trabajo en Ecuador, cuya colaboración con la policía ecuatoriana se tradujo en una inversión por parte de EEUU de 50 millones de dólares entre 2008 y 2009. A esto hay que añadirle toda una serie de inversiones que el país extranjero ha realizado en los últimos tres años en el sector militar: 10 millones en total en capacidad operativa fluvial y de comunicaciones; formación y equipos prácticos para luchar contra el narcotráfico en la frontera y hacer frente a fuerzas irregulares como las FARC.Por otro lado, cabe mencionar que en septiembre de 2009 el ejército norteamericano abandonó la base militar de Manta (cedida a las fuerzas aéreas de ese país en 1999) tras no renovar el gobierno ecuatoriano el convenio que permitía su acceso. Tal acción soberana, que fue bien vista por la población, contrasta con las inversiones norteamericanas en materia de defensa y su colaboración antidroga, cuando tal ejército y agencia se despliega en Colombia bajo la supuesta lucha contra las FARC y el narcotráfico, cuyos resultados brillan más por su injerencia imperialista y violanciones a los derechos humanos que no por sus éxitos en las batallas que dicen librar.

La colaboración con EEUU pues, y a pesar de la no renovación del convenio de la base de Manta, indica que la soberanía nacional del Ecuador sigue estando subordinada (¿sin querer queriendo?) al Imperio (¿y a su Plan Colombia?). No es de extrañar que desde la embajada de Estados Unidos en Ecuador se señale que están viviendo sus mejores momentos en términos de cooperación.

Por otro lado, es posible que Correa busque tranquilizar a los militares con fuertes inversiones en su sector (los cuales continúan formándose bajo una ideología de extrema derecha en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en Estados Unidos, antes llamada Escuela de las Américas y situada en Panamá hasta 2001) y contra restar así sus posibles ansias de golpe tras su llegada a la presidencia. No obstante, el presidente sostiene que tal refuerzo policial y militar, especialmente en la frontera norte, se debe para hacer frente a los grupos irregulares que puedan ingresar al país, y para estar mejor preparados frente a un eventual ataque como el del 1 de marzo de 2008, día en que el ejército colombiano bombardeó suelo ecuatoriano bajo la escusa de perseguir en caliente a la guerrilla de las FARC.


Notas finales

Con Rafael Correa en el poder el Ecuador ha experimentado una época de cambios, pero no un cambio de época. A tres años y medio de su gestión, y pese al impulso de propuestas e implicación a nivel de integración latinoamericana, la sensación de continuidad de modelo está fuertemente arraigado en la población, y no es para menos; las reformas que ha vivido el país se han sucedido dentro del capitalismo y la democracia representativa; la política económica puede haberse alejado del viejo neoliberalismo, pero se ha inclinado hacia un desarrollismo y extractivismo subordinado a la gran empresa; se han llevado a cabo algunas políticas populares pero si la participación de las clases populares. Debido a ello (y a otras cuestiones que no han sido mencionadas en este escrito como la ley de registros, los diversos casos de corrupción que han salpicado al poder ejecutivo o el fraude electoral de la universidad central), los movimientos sociales e indígenas se han distanciado del gobierno, han cogido fuerza y le han exigido un giro a la izquierda.

La compleja situación por la que transcurre el Ecuador impide hacer claros pronósticos sobre su futuro. En 2013 hay elecciones generales; veremos entonces si la votación viene marcada por el deseo de virar fuertemente a la izquierda (hoy, al menos, no hay alternativa a Correa), por la continuidad del mal menor, o por un castigo a Correa y a Aliaza País que pueda hacer resurgir a la derecha de siempre.