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El 7 de junio de 2007 el presidente de la república del Ecuador, Rafael Correa, que justo había asumido la presidencia del país cinco meses antes, presentó oficialmente la iniciativa del “Yasuní ITT”, un proyecto cuya piedra angular gira en torno a la no explotación de tres campos petroleros del país, que justamente se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní, en la amazonía, a cambio de una contribución mínima por parte de la comunidad internacional del 50% de los beneficios que obtendría el estado ecuatoriano en caso de explotar el crudo. El pasado martes 3 de agosto el gobierno y el PNUD firmaron el fideicomiso con el fin de recoger los aportes internacionales. El éxito de la iniciativa preservaría la región más biodiversa del mundo, evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y el territorio de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario sería respetado. El Yasuní ITT va en contra de los intereses del capital transnacional; su carácter ecologista y respeto a las comunidades indígenas supone un hito en cuanto a la preservación de la naturaleza y al respeto a los indígenas y su ancestral territorio se refiere, más aun cuando bajo estos se hayan grandes reservas de oro negro.
El Parque Nacional Yasuní y el pueblo Huaorani
El PNY es un parque nacional ecuatoriano creado el 26 de julio de 1979 para preservar la riqueza natural del oriente del país y especies en peligro de extinción. Abarca una superficie de 9.820 kilómetros cuadrados, siendo así el mayor parque de toda la amazonía occidental. Diez años después de su creación fue designado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, y otra década después parte del parque fue declarado como “Zona Intangible”, designación que prohíbe toda actividad extractiva en la zona. Entre las provincias de Orellana y Pastaza, abarca también parte del ancestral territorio del pueblo Huaorani, cuyos grupos Tagaeri y Taromenane, que residen en el interior el parque, permanecen en aislamiento voluntario. Hace pocos meses el PNY fue catalogado por científicos como el lugar con mayor biodiversidad del planeta, a saber: una hectárea cuenta con más especies de animales que toda Europa, se estima que unas cien mil especies de insectos y más variedad de árboles que Estados Unidos y Canadá combinados. Además, el parque protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica, región que abarca más de seis millones y medio de kilómetros cuadrados (frente a los casi diez mil del PNY). Tal es la potencialidad biológica del lugar que el científico Matt Finer de Save America’s Forests declaró: “Se predice que Yasuní mantendrá sus condiciones de bosques húmedos, a pesar que el clima cambie y se intensifique la sequía en el este del Amazonas en Brasil.” Su excepcionalidad tiene un por qué; el lugar fue una de las “islas” refugio de especies de flora y fauna durante el Pleistoceno, época geológica cargada de cambios climáticos y glaciaciones que comenzó hace 2,59 millones de años y que finalizó hace 12.000.
Por otro lado, en el bloque petrolero 22, más conocido como ITT por la denominación de sus campos (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), situado al extremo oriental norte del parque, más allá de la zona intangible, fueron descubiertas a principios de los noventa importantes reservas de petróleo pesado. Desde entonces, el interés por explotar el lugar ha invadido a las transnacionales petroleras, las cuales, y a partir de los setenta, gozan de diversas concesiones para explotar el crudo situado en la amazonía ecuatoriana.
Los Huaorani, por su parte, son un pueblo indígena cazador/recolector cuyo territorio ancestral abarca una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. La mitad del mismo se encuentra hoy entre las “fronteras” del PNY, pero bien con el tiempo muchos grupos se han alejado de su ancestral modo de producción y consumo.
En 1958, y con el objetivo de preparar la entrada a las petroleras, misioneros evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano contactaron con el pueblo Huaorari. Actualmente, muchos grupos indígenas han pasado a depender de las petroleras, han perdido parte de sus costumbres y han contraído enfermedades como la Hepatitis B y C. Otros, como los Tetetes y los Sansaguari, desaparecieron durante la actividad petrolera de la compañía Texaco. La presión de petroleros, madereros, colonos, y del propio estado, redujo la zona de movimiento de los también llamados “Huaos”. Sólo tres clanes, los Tagaeri, Taromenane y Oñamename, decidieron mantener su forma de vida y evitar todo contacto con el exterior. Los dos primeros están hoy seriamente amenazados, pues habitan la zona del ITT.
El carácter expansionista del capitalismo arrasa con la amazonía y sus pueblos originarios
A partir de los setenta la extracción del crudo pasó a ser uno de los pilares económicos del Ecuador. La incursión de las petroleras en la amazonía conllevó la explotación y contaminación del lugar, arrastrándose también tras de sí, y gracias a la construcción de carreteras: deforestación, plantaciones monocultivas extensivas y nuevos asentamientos de colonos. La mayoría de los Huaos se adaptaron a las necesidades del afán de beneficio de las grandes corporaciones; trabajando para ellas; dependiendo de ellas. Los impactos ambientales y sociales son muchos:
- Actividad petrolera
Las distintas fases de la actividad petrolera han provocado diversos impactos ambientes: deforestación, erosión del suelo, contaminación de aguas y suelo debido a vertidos de crudo, desechos químicos y domésticos, contaminación del aire por la quema de gas, pérdida de biodiversidad.
- Deforestación, monocultivos extensivos y cacería
La construcción de carreteras que permiten el desarrollo petrolero trajo consigo la colonización de lugares antes inaccesibles. Empresas madereras y redes de contrabando regional usan tanto las vías como los diversos ríos para transportar la madera. Enormes monocultivos de cacao o palma africana se extienden a ambos lados de las carreteras. La cacería de subsistencia se ha convertido en una actividad extensiva y comercial.
- Estragos sociales
En 1999 se reportó que el 80% de los Huaos estaban contagiados por la Hepatitis B y C. La contaminación del territorio ha trastocado y minado las economías sostenibles de las diversas comunidades. Además de los engaños que muchas han sufrido, otras han sido reprimidas por su negativa a entregar sus tierras a la explotación petrolera. Conflictos por el pago de indemnizaciones, amenazas, sobornos e irrespeto a sus culturas, han sido la tónica que han desempeñado las petroleras. Otros impactos sociales de la actividad petrolera han sido y son: prostitución, alcoholismo, descomposición familiar, aumento de la violencia, inseguridad.
Además, la extracción de petróleo ha sido fuente de corrupción y no ha significado el desarrollo del país. El Ecuador fue, y sigue siendo, un país producto, es decir, un país subordinado a las necesidades de las grandes empresas en su afán por obtener materias primas. Y es que la incursión de todo tipo de petroleras y otras transnacionales sólo responde a las necesidades de su propio negocio; facilitar materias primas a gigantescos sectores industriales capitalistas, como el del automóvil, que producen productos a vender, sean útiles o no, sean contaminantes o no (aunque cabe resaltar que en general es que sí, ya que ello abarata costes de producción), sin tener en cuenta el medio ambiente y los asuntos humanos. La explotación de la amazonía y el irrespeto a sus pueblo originarios son un gran ejemplo del funcionamiento de la globalización capitalista y del colonialismo de las multinacionales.
Una propuesta anticapitalista: el Yasuní-ITT
Alberto Acosta, ministro de energía y minas en 2007, planteó en marzo del mismo año una propuesta revolucionaria en relación al ITT. Tal iniciativa, elaborada por él y por otras personas de dentro y fuera de las filas de Alianza País, consistía en la no explotación del crudo pesado de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini situados en el PNY, preservando así la biodiversidad del lugar, evitando la emisión de 407 toneladas de CO2 y respetando a los pueblos indígenas y a sus formas de vida. A cambio, la comunidad internacional debería abonar a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la mitad de los beneficios que obtendría el estado por explotar esos campos. El estado emitiría bonos por el inamovible petróleo y el recibimiento de los 3.500 millones de dólares se haría de forma escalonada. Los fondos serían destinados, entre otros, a la protección de los 41 parques nacionales del país, a la reforestación de 10.000 kilómetros cuadrados, a la generación de energías no contaminantes y a la soberanía alimentaria. El presidente Correa, tras analizar las diversas alternativas, apoyó esta, presentándola pocos meses después al país y al mundo.
Tal novedosa iniciativa ecologista, anticapitalista, choca con los intereses del capital transnacional y propone al mundo una financiación alternativa para el Ecuador. Los países ricos, causantes de la mayoría de emisiones, y por ende, del calentamiento global, pagarían por la conservación de la naturaleza y por la no explotación del petróleo. Los fondos, además, irían dirigidos a preservar el medio natural, producir energía a limpia e impulsar la soberanía alimentaria.
A los tres años de presentar la propuesta diversos han sido los avances que han obtenido las diversas Comisiones Técnicas para obtener los 3.500 millones de dólares. No obstante, los ataques que ha sufrido la iniciativa también han sido varios.
La política económica extractivista y primario-exportadora del gobierno ecuatoriano acecha el éxito del proyecto
El pasado enero la tercera Comisión Técnica Negociadora y el Ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dimitieron en bloque. La causa: Correa suspendió una firma en la cumbre climática de Copenhague de 1.700 millones de dólares y agregó en público: “Yo di la orden de que no se firme ese fideicomiso en esas condiciones vergonzosas (…) Quédense con su plata y en julio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía.” Sobre la explotación, Correa se refiere al llamado “Plan B”, opción que busca explotar el crudo a partir de julio de 2011 en caso de no obtener la compensación económica buscada. Fue entonces, a principios de año, que ese segundo plan fue mencionado en diversas ocasiones, causando malestar en la población ecuatoriana y diversos parlamentos, como el alemán, gran interesado en contribuir económicamente y afianzar el éxito del proyecto. Tales reacciones, en parte, provocaron el nombramiento de la cuarta Comisión y un nuevo impulso a la iniciativa.
Por otro lado, cabe resaltar que el proyecto Yasuní-ITT no es una simple muestra de la política económica del gobierno; todo lo contrario, es la única iniciativa anticapitalista. El rumbo económico del país sigue siendo primario-exportador, está subordinado a la gran empresa privada, no pretende crear una alternativa al sistema. La ley minera, de aguas, la conexión Manta-Manaos y las nuevas licencias para explotar el petróleo de la amazonía así lo atestiguan. En abril, la Ministra de Ambiente, Marcela Aguinaga, dijo que se estaba tramitando una nueva licencia para explotar el yacimiento Armadillo, situado a las puertas del PNY. El impacto que sufriría el parque debido a esa actividad petrolera es indiscutible. También, y poco más tarde, Esperanza Martínez, directora del proyecto Amazonía por la Vida y miembro de Acción Ecológica, denunció el avance de la construcción de un oleoducto cuyo objetivo es conectar los campos actuales con los ITT.
Correa desaprovechó también dos claras ocasiones para presentar la iniciativa al mundo y concretar su éxito. En diciembre no viajó a Copenhague, lugar y momento preciso para publicitar la no extracción del crudo del ITT bajo compensación económica, perdiéndose así una oportunidad única para avanzar sobre el fideicomiso, explicar el proyecto, y aportar luz a una cumbre oscura. Sí fue a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático celebrada en Cochabamba en abril de 2010, pero hizo hincapié en el plan B, argumentando que la explotación no acarrearía un gran impacto ambiental. Más, la violación de la constitución por parte del gobierno ha sido reiterada. La ley minera, por ejemplo, fue aprobada sin la consulta previa necesaria a las comunidades indígenas afectadas. Una cómplice Corte avaló la decisión del poder ejecutivo y legislativo, desobedeciendo lo que dicta la constitución. Sobre el Yasuní, el pueblo Huarorani y sus clanes no contactados, la constitución reconoce:
- Artículo 407.
Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la presidencia de la república y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.
- Artículo 57. El punto 4 estable como derecho colectivo:
Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
Aun si el Yasuní ITT es exitoso, no supone que la explotación de Armadillo, por ejemplo, afectando al parque, esté justificada. El irrespeto a la constitución ha sido reiterado. Las contradicciones del gobierno, tanto en su política económica, como en el impulso tortuoso de tal iniciativa revolucionaria, y aun habiendo conseguido el fideicomiso, suponen un riesgo para el éxito del “Plan A”. (Un riesgo no sólo de carácter ecológico, sino también político.)
La importancia de la iniciativa
La depredación del territorio y la contaminación del mismo que han ejecutado los órdenes socio-económicos no democráticos, el capitalismo y el mal llamado “socialismo”o “comunismo” que imperó en URSS, por ejemplo, han llevado a la mayor extinción de especies desde la desaparición de los dinosaurios. Sus motores: la combustión ininterrumpida de combustibles fósiles durante dos siglos, que ha provocado un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, han alterando el clima. La crisis ecológica global es efecto de la crisis democrática global; sólo un control democrático de la economía puede reorientar la misma hacia escenarios más sostenibles. Bajo este contexto, el Yasuní ITT se presenta como una alternativa para la obtención de recursos económicos no contaminante, preservando la naturaleza y pueblos originarios. Sin embargo, este es un solitario proyecto que necesita del apoyo de una política económica acorde con su filosofía. Y de democracia:
- Amenazas ecológicas al PNY a corto y largo plazo.
El ITT puede no llegar a explotarse, pero la intervención extractiva, la deforestación, los monocultivos extensivos, suponen una amenaza real para la preservación del parque. Preservarlo, entonces, significa cambiar el paradigma de la protección a los espacios naturales. Es decir, estos no pueden ser meros reductos de un territorio devastado; la crisis ecológica nacional y global acabarían por afectar el Yasuní; y estas necesitan de acciones a nivel internacional para no agravarse. La solución pasa por anteponer el medioambiente y los asuntos humanos al capital, por crear un orden nuevo donde la naturaleza pueda defenderse con eficacia. En pocas palabras, de democratizar el motor de la sociedad: la economía.
- El triunfo del Yasuní-ITT depende de su expansión.
No sólo por cuestiones ecológicas, sino sobretodo políticas. El triunfo político puede ser más crucial para el futuro que el triunfo ecológico en sí del ITT. La iniciativa ecuatoriana supone un desvío en la “autopista capitalista”; y esta necesita de fuertes cimientos para consolidarse, de una alternativa económica democrática que pueda ser consecuente con la protección de la naturaleza, y por consiguiente, del PNY. Sólo así podrá ser exitosa, sólo así podrá servir de ejemplo e inspirar a otros a buscar nuevos desvíos que conecten con el ecuatoriano, enlazando vías para conformar una “autopista anticapitalista”.
- La alternativa a la globalización capitalista será internacional, o no será nada.
El triunfo ecológico y político del Yasuní-ITT, el nacimiento de una alternativa, parcial en muchos aspectos, y que no da respuestas aun a muchas preguntas y contextos diferentes, pero en sí, una apuesta eficaz para preservar el medio, significaría un hecho histórico sin precedentes. Pero bien la amenaza del gran capital y sus instituciones a su servicio buscarían la manera de hacer fracasar el (aun necesario) giro del Ecuador. Por cuestiones ecológicas y políticas, el Yasuní ITT necesita internacionalizarse.
Notas finales
El proyecto “Yasuní ITT” impulsado por Correa y Alianza País es una respuesta reflejo a los conflictos y devastación que ha producido la explotación del crudo en la amazonía. El gobierno ecuatoriano, no obstante, y su política económica capitalista, son un gran obstáculo que afronta la iniciativa. Su fracaso provocaría malestar en la sociedad ecuatoriana y en muchos parlamentos interesados y dispuestos a colaborar. Es más, el Yasuní-ITT es una propuesta de financiación alternativa, ecologista, respetuosa también con los seres humanos y sus formas de vida. Su éxito puede servir de ejemplo a otros países; el proyecto puede propagarse. Pero eso depende, en primer lugar, de la voluntad del gobierno. Cochabamba y Copenhague constituyen un ejemplo del débil y poco liderazgo de Correa en esta iniciativa. La contradicción que supone un proyecto anticapitalista en el marco de una política económica extractivista, no democrática, y subordinada a los deseos del capital transnacional, es una amenaza. El inicio del triunfo político y ecológico del Yasuní-ITT sólo será indiscutible bajo la aplicación de una política económica nacional diferente. El Yasuní ITT está obligado a ser un prólogo, no una calle sin salida.
