El 30 de septiembre de 2010 Ecuador amaneció inmerso en el conflicto político más importante desde que Rafael Correa es presidente. La versión resumida sobre los hechos que los grandes medios privados divulgaron con equanimidad es la que expongo: debido a la nueva ley de Servicio Público aprobada el día anterior, la cual recortaba prestaciones asistenciales a los cuerpos de seguridad del estado, policías de todo el país se sublevaron en protesta, no cumpliendo con su trabajo y tomando junto a la Fuerza Aérea los aeropuertos de Guayaquil y Quito.
El propio Correa asistió al regimiento nº1 de Quito, uno de los centros neurálgicos de la sublevación, para entablar un diálogo con los protestantes. Una vez salió del edificio, y debido a la marea de policías que intentaron agredirle, no pudo tomar su helicóptero y se refugió en un hospital militar circundante. Más tarde, los altos cargos de las fuerzas armadas mostraron públicamente su apoyo al presidente, organizaron su rescate y lo llevaron de vuelta a Carondelet.
Ahora bien, diversos factores y evidencias surgidas hasta el momento conducen a pensar que no fue un simple motín reivindicativo sino un intento de golpe de estado que fracasó desde sus inicios, sin un apoyo expreso y contundente de la mayoría de las fuerzas represivas del estado.
El papel de las fuerzas represivas del estado durante el 30-S
Si bien existía un descontento general entre policías y militares con el gobierno, pues este había unificado los servicios de inteligencia bajo un comando del gobierno o había designado civiles como ministros de defensa, también Correa se había acercado a ellos tomando ciertas medidas como: aumentos salariales (en el caso de la policía la media salarial en 2006 era de 355 dólares; hoy el promedio se sitúa en 792 dólares), inversión en armamento y equipos por valor de 1.669 millones de dólares sólo en 2010 (382 más que el año anterior), entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la marina o contratos exclusivos al cuerpo de ingenieros del ejército para el mejoramiento y reconstrucción de las vías del país.
Las fuerzas represivas pues, si bien no se sentían a gusto con Correa, si eran conscientes que ningún otro gobierno les había privilegiado tanto como este. Su indecisión y división fue evidente el 30-S.
La sublevación policial i de un sector de los militares, habiendo sido esta organizada o no premeditadamente para provocar un golpe de estado (algo a presumir después de la información expuesta más adelante), o tornándose esta en el intento del mismo tras la no prevista visita de Correa al regimiento, careció de una estrategia elaborada:
Y la cúpula militar titubeó a la hora de pronunciarse. Tardó unas cuatro horas luego el presidente fuera secuestrado en el hospital, tiempo en el cual, como podría suponerse, fue invertido en la negociación directa con el gobierno. Los militares no sólo disponían de toda una serie de privilegios otorgados por Correa, también controla puertos y astilleros, siderurgias y empresas aéreas, hasta un banco. El poder de los militares en Ecuador es inmenso, y de ellos depende la “estabilidad” del país. Una vez en rueda de prensa reconocieron la autoridad presidencial y ratificaron su alineamiento con los poderes democráticos. Eso sí, también reclamaron, entre otras cosas, una mejora de los salarios.
Tras rescatar al presidente bajo un fuego cruzado y llevarlo a Carondelet, días después sus deseos fueron concedidos. Tal y como pasó en las anteriores crisis políticas del país (1997, 2000, 2005) fueron las fuerzas armadas las que “resolvieron” el conflicto.
Cumbre en Miami siete días antes
El 23 de septiembre tuvo lugar en el Banker’s Club, One Biscayne Tower, piso 14, Miami, un asamblea titulada “Socialismo del siglo XXI en Ecuador” patrocinada por la Interamerican Institute for Democracy (organización de la mafia cubanoamericana) y a la que acudieron personas tales como Lucio Gutierrez, Carlos Alberto Montaner, Gustavo Lemus o Mario Pazmiño.
Lucio Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales con su partido Sociedad Patriótica a finales de 2002 tras participar como militar en el derrocamiento de Mahuad (amparados en un vacío legal constituyente, los militares fueron libres de retirar el apoyo al presidente), el cual había llevado el país a su dolarización sustituyendo a Bucaram tras su derrocamiento en 1998. Luego también sería derrocado por fuertes movilizaciones de toda condición social al llevar a cabo políticas económicas continuistas, por propiciar el retorno desde el exilio a diversos expresidentes como Bucaram y por su represión contra los indígenas y movimientos de izquierda, entre otros.
Por otro lado, Alberto Montaner es agente de la CIA y prófugo de la justicia cubana; Gustavo Lemus es denunciado en Ecuador como toturador y sospechado de haber encubierto el asesinato de dos adolescentes cuando era jefe de los torturadores durante el gobierno de León Febres Cordero (1984 – 1988); y Mario Pazmiño es ex jefe de la inteligencia militar ecuatoriana, expulsado del ejército por su pertenencia a la CIA.
Según Rafael Correa, en una entrevista con Ignacio Ramonet publicada por Le Monde Diplomatique:
Por su parte, y durante los acontecimientos en Ecuador aquél 30 de septiembre, Lemus irrumpió en el consulado de Ecuador en Miami junto a algunos de sus partidarios y extremistas cubanoamericanos.
Último apunte: La respuesta tanto de la derecha, por su lado, como de los movimientos sociales y del propio gobierno: